Como complejo se entiende entre analistas políticos y economistas el camino que tiene el Gobierno para concretar el pacto fiscal, un plan B que debió echar a andar luego del rechazo de la reforma tributaria original -apenas por dos votos- en la Cámara de Diputados en marzo.

El inicio de un ciclo electoral que parte a fin de año con el plebiscito sobre la propuesta constitucional; la pugna con la oposición; los casos de corrupción por traspaso de fondos a fundaciones ligadas a militantes oficialistas; y la minoría política en ambas ramas del Congreso ponen cuesta arriba la tarea del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Para el director de la Escuela de gobierno de la U. Central, Marco Moreno, el pacto fiscal “en la práctica significa la puesta en marcha de un plan B”, dado que la insistencia en el Senado no contaba con los votos para avanzar, lo que posterga para 2024 la discusión de impuestos a la renta. Pero anticipa que “no resulta del todo claro” que este camino sea un éxito para el Ejecutivo.

Explica que lo anterior se debe a que a fin de año se inicia un nuevo ciclo electoral con el plebiscito de salida de la nueva Constitución, las elecciones alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales en 2024 y parlamentarias y presidenciales en 2025. “En ciclos electorales es más difícil avanzar en reformas tributarias, porque la oposición tiene menores incentivos para pactar con el oficialismo dado que está esperando gobernar”, dice.

Moreno afirma que “la oposición apuesta a la alternancia y ahora tiene un elemento adicional, que es esgrimir que los actos de corrupción en casos de fundaciones y convenios muestran que los recursos se están malgastando”.

La economista senior de LyD, Macarena García, considera que “hay avances, como no insistir en el impuesto al patrimonio o a las utilidades retenidas, o reducir la evasión y algunas exenciones, pero falta la letra chica para ver si efectivamente fomentará la inversión y empleo”.

De todas formas, advierte, “la propuesta es débil en mejorar decididamente la eficiencia en el gasto público”. Y aunque estima que las prioridades de gasto planteadas por la autoridad son importantes, algunas de ellas, como la reducción de las listas de espera en salud, “tienen mucho más que ver con gestión que con más recursos”.

La economista indica que la necesidad de asegurar un buen gasto público se viene planteando desde hace tiempo por diversos sectores, pero considera que ha habido una resistencia importante desde las distintas autoridades (Ejecutivo y Congreso) a tomar las medidas necesarias.

“Espero que el caso convenios reduzca las barreras que la autoridad ha mostrado y que aquí sí surja un pacto transversal en este sentido”, afirma.

Para el académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, el Presidente Gabriel Boric “claudicó” en su idea original, que era materializar una gran reforma tributaria durante 2023. “Eso ya no fue, y la decisión del gobierno fue fracturar el proyecto. Es decir, presentar para este año materias vinculadas a evasión y elusión que, presumiblemente, tienen mayor sintonía con la oposición”.

Para marzo de 2024, en tanto, se presentaría el proyecto que involucra cambios en las tasas de impuestos donde “el gobierno espera que a esas alturas la aprobación haya mejorado y también el clima político en el Congreso. Esa es la hoja de ruta, pero para que esta hoja de ruta sea exitosa el gobierno debe proceder a un gran cambio de gabinete como señal política para la ciudadanía y para la oposición”.

Morales cree que Boric debe “inaugurar su tercer gobierno”, el que estima “debiese ser el de la postcorrupción”.

“Tercer gobierno”

El analista enfatiza que Boric debe “inaugurar su tercer gobierno”. El primero fue el del plebiscito constitucional, que llegó hasta el 4 de septiembre de 2022; el segundo, fue la llegada al poder del Socialismo Democrático; y el tercero “debiese ser el de la post-corrupción. De esa manera, abrirá las rutas para negociar con la oposición. El gobierno debe ceder. No le queda otro camino”, plantea.

La economista de la Usach, Marcela Vera, sostiene que en el plan fiscal del Gobierno “lo que uno puede observar con claridad es que la reforma tributaria no va a cumplir su función ni de redistribución de la riqueza ni tampoco aumentar la recaudación fiscal para satisfacer las demandas sociales”.

Desde su perspectiva, “la estrategia legislativa también es deficiente”, porque no se va a persistir en el Senado y el grueso de la discusión se realizará en la Cámara, “lo que va a generar un problema legislativo sobre las normas que se pueden o no presentar”.

Y acota: “Ya varios hemos planteado que es necesario reformular esta estrategia para que los pocos avances que se pueden observar en términos de recaudación, no se vean obstaculizados por culpa de que no se están respetando las normas que rigen al Congreso”.

Fuente: https://pressreader.df.cl/diario-financiero/20230803/page/8