Analistas y economistas advierten que la minoría parlamentaria, el inicio del ciclo electoral y el impacto del «Caso Convenios» dificultan la agenda del ministro Mario Marcel para concretar la reforma.
El camino hacia un Pacto Fiscal en Chile se ha transformado en un verdadero laberinto político para La Moneda. Tras el sorpresivo rechazo de la reforma tributaria original en la Cámara de Diputados en marzo de 2023 —por apenas dos votos—, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha visto obligado a desplegar un «Plan B». Sin embargo, este nuevo intento enfrenta vientos en contra que van más allá de lo técnico.
Una «tormenta perfecta» para el Ejecutivo
Para los expertos, la viabilidad de este pacto no depende solo de la muñeca legislativa del ministro Marcel, sino de una serie de factores externos que han erosionado la posición del Gobierno:
- Minoría en el Congreso: La falta de control en ambas cámaras obliga al Ejecutivo a negociar cada coma del proyecto.
- Ciclo Electoral Inminente: Con el plebiscito constitucional a la vuelta de la esquina y las elecciones municipales de 2024 en el horizonte, los incentivos para que la oposición pacte con el oficialismo disminuyen drásticamente.
- Caso Convenios: El escándalo de corrupción por el traspaso de fondos a fundaciones ha dado a la oposición un argumento potente: cuestionar la eficiencia del gasto público antes de discutir mayores impuestos.
- Pugnas con la Oposición: Un clima de polarización que dificulta la construcción de puentes transversales.
El análisis de los expertos: ¿Es viable el cronograma?
La trampa del ciclo electoral
Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la U. Central, advierte que el éxito de este camino «no resulta del todo claro». Según el analista, en periodos de elecciones, la oposición tiende a apostar por la alternancia y evita entregar triunfos legislativos al Gobierno de turno, especialmente en materias tan sensibles como la carga tributaria.
El foco en la gestión y no solo en los recursos
Desde la vereda económica, Macarena García (LyD) valora que se hayan eliminado puntos polémicos como el impuesto al patrimonio, pero critica la debilidad de la propuesta en términos de eficiencia del gasto. García sostiene que problemas críticos, como las listas de espera en salud, tienen más que ver con una gestión deficiente que con la falta de presupuesto.
«Espero que el ‘Caso Convenios’ reduzca las barreras que la autoridad ha mostrado y que aquí sí surja un pacto transversal sobre el buen gasto público», señala la economista.
Hacia el «Tercer Gobierno» de Gabriel Boric
Para el académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, el Gobierno ha tenido que «fracturar» su proyecto original. La hoja de ruta actual posterga la discusión de los impuestos a la renta para marzo de 2024, apostando a que para entonces el clima político haya mejorado.
Morales plantea una tesis interesante: el Presidente Boric debe inaugurar su «tercer gobierno», el de la post-corrupción:
- Primer Gobierno: Marcado por el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
- Segundo Gobierno: La entrada del Socialismo Democrático al gabinete.
- Tercer Gobierno: Una etapa de pragmatismo total y cambios de gabinete profundos para recuperar la iniciativa política.
Críticas desde la academia: ¿Recaudación vs. Redistribución?
No todas las críticas vienen desde la derecha. Marcela Vera, economista de la Usach, sostiene que la estrategia legislativa es deficiente. A su juicio, el pacto fiscal actual no cumplirá con su función original: redistribuir la riqueza y recaudar lo suficiente para satisfacer las demandas sociales que originaron el programa de gobierno.
Vera advierte que saltarse la insistencia en el Senado podría generar problemas reglamentarios en la Cámara que obstaculicen aún más la tramitación.
Fuente: Diario Financiero.